Operación policial resulta en 81 inmigrantes ilegales arrestados en Kentucky, 🚨
LOUISVILLE, Ky. (WDRB) — Agencias policiales federales y estatales trabajaron juntas para arrestar a casi 81 personas que se encontraban en el país sin documentos.
Del 10 al 14 de marzo, varias agencias policiales federales y estatales participaron en la Operación "Recuperemos América", coordinada desde Louisville, según un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ). Dichas agencias trabajaron juntas para "repeler la invasión de la inmigración ilegal" en todo Kentucky.
Un total de 81 inmigrantes sin documentos fueron arrestados, y muchos fueron acusados de reingreso ilegal, posesión de armas de fuego y sustancias controladas. En el Distrito Oeste de Kentucky, el DOJ informó que 18 personas enfrentan cargos penales, provenientes de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba, India y Palaos.
Entre las 18 personas que enfrentan cargos se encuentran:
Moisés Archaga García, de 46 años y originario de Honduras, está acusado de reingreso ilegal tras ser expulsado o deportado en julio de 2003. Enfrenta una pena máxima de 2 años de prisión.
Luis Alberto Torres Flores, de 35 años y originario de El Salvador, está acusado de reingreso ilegal tras ser deportado en agosto de 2014. Enfrenta una pena máxima de 2 años de prisión.
Lorenzo Pérez Pérez, de 33 años y originario de Guatemala, está acusado de reingreso ilegal tras ser deportado en diciembre de 2011 y enero de 2016. Enfrenta una pena máxima de 2 años de prisión.
Aroldo Rodríguez Navarro, de 40 años y originario de México, está acusado de reingreso ilegal tras ser deportado en agosto de 2009 y junio de 2014. Enfrenta una pena máxima de 2 años de prisión.
Ángel David Zúniga-Baca, de 35 años y originario de Honduras, está acusado de reingreso ilegal al país tras ser deportado en noviembre de 2009 y abril de 2014, y de posesión de arma de fuego por ser inmigrante ilegal en el condado de Jefferson. Enfrenta una pena máxima de 17 años de prisión.
Ewin Cabrera-Cabrera, de 33 años y originario de Honduras, está acusado de reingreso ilegal al país tras ser deportado en abril de 2014 y febrero de 2013. Enfrenta una pena máxima de 2 años de prisión.
Roberto Cruz-Pacheco, de 34 años y originario de México, está acusado de reingreso ilegal al país tras ser deportado en diciembre de 2008. Enfrenta una pena máxima de 2 años de prisión.
Darwin Martínez-Figueroa, de 41 años y originario de México, está acusado de reingreso ilegal al país tras ser deportado en mayo de 2014 y abril de 2018. Enfrenta una pena máxima de 2 años de prisión.
Williams Josué Rodríguez-Cálix, de 28 años y originario de Honduras, está acusado de reingreso ilegal al país tras ser deportado en diciembre de 2018. Enfrenta una pena máxima de 2 años de prisión.
José Rodríguez, de 39 años y originario de México, está acusado de reingreso ilegal al país tras ser deportado en diciembre de 2011 y febrero de 2020. Enfrenta una pena máxima de 2 años de prisión.
Zoiber Hernández-Domínguez, de 50 años y originario de México, está acusado de posesión de arma de fuego por ser inmigrante ilegal en el condado de Jefferson. Enfrenta una pena máxima de 15 años de prisión.
Marco Juárez-Morente, de 38 años y originario de Guatemala, está acusado de reingreso ilegal al país tras ser deportado en enero y mayo de 2006. Enfrenta una pena máxima de 2 años de prisión.
Esteban Pérez-Cristostomo, de 45 años y originario de Guatemala, está acusado de reingreso ilegal al país tras ser deportado en enero de 2010. Enfrenta un máximo de 2 años de prisión.
Ramiro Galeana-Arzate, de 28 años y originario de México, está acusado de reingreso ilegal al país tras ser deportado en diciembre de 2020. Enfrenta un máximo de 2 años de prisión.
Humberto Ávila-Murillo, de 28 años y originario de México, está acusado de posesión de arma de fuego por parte de un inmigrante indocumentado en el condado de Jefferson. Enfrenta un máximo de 15 años de prisión.
Edi Díaz-López, de 30 años y originario de México, está acusado de posesión con intención de distribuir metanfetamina, posesión de arma de fuego por parte de un inmigrante indocumentado y posesión de arma de fuego para promover el narcotráfico. Enfrenta un máximo de 40 años de prisión.
Álvaro Mandujano-Rodríguez, de 32 años y originario de México, está acusado de reingreso ilegal tras ser deportado en octubre de 2023 y de posesión de dos armas de fuego por ser inmigrante ilegal en el condado de Jefferson. Enfrenta una pena máxima de 17 años de prisión.
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